En el marco de nuestra cooperación internacional, estamos iniciando un nuevo ciclo de planificación de un futuro programa conjunto. Este trabajo debería desembocar en un nuevo programa para la cooperación internacional belga (DGD) 2027-2031 y también nos permitirá recabar información para otros posibles programas y oportunidades de financiación en los próximos años.
En el próximo Programa DGD, cada organización tendrá la oportunidad de poner en práctica su propio plan de acción, y también deseamos hacer aún más hincapié que antes en la cooperación entre diferentes organizaciones a escala nacional, continental e internacional. En un mundo que cambia rápidamente y en el que los derechos de los trabajadores siguen siendo un campo de batalla, creemos que la cooperación entre diferentes movimientos sociales es la mejor manera de avanzar juntos y lograr un mayor impacto.
En esta página encontrará la información que necesita para prepararse y participar plenamente en este importante proceso de planificación. Esta información se complementará y enriquecerá a lo largo del proceso de planificación, incluso con los resultados de los pasos ya completados.
Identificar las prioridades potenciales de nuestra cooperación con todas las organizaciones implicadas será, por tanto, un primer paso esencial en este proceso. Por ello, en cada país se organizará una sesión de consulta con todas las organizaciones implicadas, con el apoyo de colegas de WSM, ACV-CSCi, LCM-ANMC y BIS-MSI. Como grupo de organizaciones, reunidas en torno a la mesa, podrán identificar cuáles son, en su opinión, las prioridades en torno a las cuales podemos trabajar juntos.
Durante el taller intercontinental virtual (1-3 de julio de 2025) y los talleres continentales presenciales (entre septiembre y octubre de 2025), se debatirán y sopesarán estas propuestas para que, a continuación, las organizaciones implicadas puedan decidir conjuntamente las líneas de trabajo comunes para los próximos cinco años. Durante los talleres se elaborará un plan de acción global para cada una de estas líneas de trabajo.
Estamos deseando colaborar con usted y sus redes para hacer avanzar una serie de cuestiones que reforzarán los derechos de los trabajadores.
Trabajadores, hoy y mañana: es decir, todas las personas cuyos ingresos dependen del trabajo, con especial atención a los y las que están excluido·as, explotado·as o inseguro·as debido a su situación socioeconómica, incluidas las personas que trabajan en la economía informal, en empleos precarios y en zonas rurales. La OIT define a este grupo de personas como «trabajadores», independientemente de si actualmente realizan un trabajo remunerado y de la forma de contrato (o falta del mismo) bajo la que estén empleado·as.
Nuestras asociaciones y los programas asociados se estructuran según una lógica específica. A continuación encontrará una visión general de las distintas dinámicas que conforman nuestras asociaciones.
La Plataforma de Coordinación del Trabajo Decente (PCTD) es una red de nueve organizaciones belgas de la sociedad civil activas en la cooperación internacional que aúnan esfuerzos para promover y aplicar la agenda del trabajo decente en todo el mundo. La PCTD está formada por cuatro ONG (WSM, FOS, Solsoc y Oxfam), dos mutualidades de salud (ANMC-LCM y Solidaris) y tres organizaciones sindicales (ACV-CSC International, BIS-MSI (ACLVB-CGSLB) e IFSI-ISVI (ABVV-FGTB). La plataforma se basa en el Marco Estratégico Común (MEC) de Trabajo Decente, que reúne 3 programas (conjuntos) en 36 países de América Latina y el Caribe, Asia, África y Bélgica: el programa de 1/ WSM, ACV-CSCi, BIS-MSI y ANMC-LCM, 2/ IFSI-ISVI, Solsoc, FOS y Solidaris, y 3/ Oxfam Bélgica (Programa de Trabajo Decente en el Sudeste Asiático). El objetivo de la plataforma es promover la coordinación de estrategias entre los diferentes actores en un país o en torno a un tema, enriquecerse mutuamente en términos de estrategias y enfoques temáticos y participar conjuntamente en la incidencia política en Bélgica para que el trabajo decente ocupe un lugar más destacado en la agenda de la cooperación internacional belga. El coordinador de la plataforma trabaja para WSM.
En todo el mundo, la economía social y solidaria crea empleo para millones de trabajadores/as vulnerables que tienen dificultades para encontrar oportunidades o vivir dignamente de su trabajo en el sistema económico actual. El sistema económico actual favorece actividades económicas dentro de cadenas de valor globalizadas que no contribuyen al trabajo decente y conducen a violaciones masivas de los derechos humanos y medioambientales. La economía social y solidaria es, por tanto, una alternativa que conecta a las personas a través de vínculos de solidaridad. Redistribuye los beneficios de forma justa y transparente, y garantiza una toma de decisiones democrática que incluye especialmente a las mujeres y los jóvenes. También anima a los/as trabajadores/as a formar sindicatos. La economía social y solidaria también cuida del medio ambiente. El desarrollo humano está en el centro de las preocupaciones de estas iniciativas, situando en el centro la justicia social y la integración inclusiva de las personas vulnerables en la sociedad.
El apoyo a las cooperativas de economía social y solidaria es, por lo tanto, una prioridad cuando hablamos de creación de empleo. Es un instrumento ideal para dar acceso a las personas a un trabajo digno y, al mismo tiempo, protegerlas de los riesgos que encuentran a lo largo de su vida. De hecho, la economía social y solidaria es una palanca que permite a los/as trabajadores/as acceder a la protección social universal, a través de diferentes mecanismos (aumento de los ingresos que permite la afiliación a los regímenes de seguridad social preexistentes, inscripción colectiva de los cooperativistas, colaboración entre las mutuas de salud comunitaria y las cooperativas, etc.).
Para millones de trabajadores/as informales, la economía social y solidaria es una herramienta valiosa para hacer la transición a la economía formal, como se menciona en la Recomendación 204 adoptada por la Organización Internacional del Trabajo en 2015.
Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo (2022) y las Naciones Unidas (2023) adoptaron resoluciones que reconocen el papel clave de la economía social y solidaria en el desarrollo humano. Estas resoluciones tienen por objeto promover esta economía y acelerar su reconocimiento por parte de los gobiernos, los agentes económicos, los movimientos sociales y los sindicatos.
Referencias y herramientas:
Un reciente estudio realizado en 2025 por WSM, ACV-CSC y BIS-MSI (la organización internacional de solidaridad del sindicato liberal belga) sobre la reducción del espacio cívico concluye que la influencia de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los sindicatos, en la configuración de las políticas públicas está disminuyendo en todo el mundo. Muchas organizaciones luchan por colaborar con las autoridades estatales, pero se encuentran con obstáculos burocráticos, limitaciones de financiación e incluso represión y violencia. En varios países, los gobiernos justifican a veces estas restricciones por motivos de seguridad, debilitando así el diálogo social y el compromiso con otras formas de diálogo institucionalizado con las organizaciones no sindicales que representan a los/as trabajadores/as informales.
En muchos países, los sindicatos afirman que se enfrentan a políticas antisindicales sistémicas y a obstáculos jurídicos que les impiden movilizar y organizar a los/as trabajadores/as de forma eficaz. Cada vez son más frecuentes las represalias empresariales, el acoso legal e incluso las amenazas físicas contra dirigentes y activistas sindicales. En algunos países, las instituciones controladas por el gobierno incluso socavan las actividades sindicales creando falsos sindicatos rivales alineados con los intereses del Estado.
Las organizaciones de la sociedad civil también se enfrentan a un amplio abanico de limitaciones, como la exclusión de los procesos de consulta y del diálogo institucionalizado con las autoridades estatales, las restricciones a la financiación extranjera y las barreras administrativas que les impiden operar libremente. En muchos casos, la represión va más allá de los mecanismos legales e incluye la estigmatización pública, la vigilancia y la intimidación policial, sobre todo en regímenes con tendencias autoritarias.
La reducción del espacio cívico conduce en algunos casos a la autocensura, ya que las organizaciones temen las represalias del gobierno. Muchos movimientos sociales, incluidos los sindicatos, afirman que son reacios a manifestarse en contra de las políticas gubernamentales debido a las amenazas de expulsión por parte de las autoridades y al riesgo de acoso y violencia.
No obstante, las organizaciones sociales, incluidos los sindicatos, responden a la reducción del espacio cívico con una mezcla de estrategias defensivas y adaptativas. Nunca se rinden y saben que tienen que sobrevivir en este contexto. Uno de los principales enfoques consiste en reforzar la gobernanza interna y los esfuerzos de desarrollo de capacidades. Esto incluye la formación de líderes y activistas sindicales en negociación, defensa y conocimientos jurídicos para desenvolverse en entornos normativos cada vez más complejos.
Otra respuesta esencial es la creación de alianzas a escala nacional e internacional. Apoyándose en los marcos internacionales del trabajo y los derechos humanos, estas organizaciones pueden desafiar las políticas represivas y fomentar la solidaridad mundial.
La incidencia digital y los medios de comunicación alternativos han surgido como herramientas esenciales ante la reducción del espacio cívico. Muchas organizaciones han trasladado sus actividades de promoción a Internet, utilizando las redes sociales, plataformas de comunicación encriptadas y medios de noticias digitales independientes para eludir las narrativas controladas por el Estado.
La defensa legal basada en la normativa de instituciones internacionales como la OIT es una estrategia clave para algunos sindicatos y movimientos sociales. Este enfoque jurídico está demostrando su eficacia a la hora de mantener la presión sobre los gobiernos para que cumplan sus compromisos en materia de normas laborales y derechos humanos.
Referencias y herramientas:
La protección social es un derecho humano. Y, sin embargo, en 2024, casi la mitad de la población mundial (47,4%) no tendrá ningún tipo de cobertura. Esta cifra es inferior al 57,2% de 2015. Sin embargo, al ritmo actual, se tardará al menos hasta 2075 en alcanzar la protección social universal. Además, la protección social universal no solo significa “cierta protección social para todos/as”. Significa una protección social adecuada, a lo largo de todo el ciclo vital para todos/as.
Por lo tanto, se necesitan múltiples fuentes de financiación. Una combinación inteligente de cotizaciones sociales solidarias e ingresos fiscales justos y progresivos es la mejor garantía de unos sistemas de protección social sostenibles y ampliamente respaldados.
Aunque los gobiernos son los principales responsables de garantizar el derecho a la protección social de todos/as sus ciudadanos/as, la sociedad civil y los sindicatos desempeñan un papel clave a la hora de abordar las carencias en materia de gobernanza y cobertura de la protección social. También contribuyen a una gobernanza de la protección social inclusiva, eficaz y sostenible en todas las fases del ciclo político.
La protección social ayuda a las personas a adaptarse y hacer frente a las crisis relacionadas con el clima proporcionándoles seguridad de ingresos y acceso a la asistencia sanitaria.
Por tanto, es primordial proseguir nuestra acción para reforzar y ampliar la cobertura de la protección social a los grupos excluidos. Debemos estimular la transición de la economía informal a la formal, impulsar la inclusión de una auténtica perspectiva de género en la protección social y tener en cuenta los cambios demográficos y la crisis climática, que agrava los riesgos sanitarios y el riesgo de pérdida de ingresos.
Referencias y herramientas:
La legislación laboral es un conjunto de normas y reglamentos que regulan la relación entre el empleador y los/as trabajadores/as para garantizar un mejor trabajo, la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la regulación de los contratos, las normas relativas a la jornada laboral, la protección del salario, la protección de la maternidad, la formación continua,... Los derechos laborales son reivindicaciones que los/as trabajadores/as pueden hacer valer ante su empleador y que éste debe respetar. En consecuencia, los derechos laborales constituyen las reglas del juego necesarias para que los/as trabajadores/as puedan trabajar dignamente y sentirse plenamente realizados/as. El disfrute efectivo de estos derechos impide que los/as trabajadores/as sean tratados como herramientas y su trabajo como una mercancía.
Hay que respetar, promover y hacer respetar los derechos laborales en un contexto laboral internacional cada vez más complejo. Hay que garantizar la protección de todos/as los/as trabajadores/as y su entorno allí donde estén ubicadas las empresas. El Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos, las empresas, la responsabilidad de respetar los derechos humanos y el acceso a la reparación para las víctimas de abusos relacionados con las empresas. El Deber de Diligencia en materia de Derechos Humanos (DDH) es un concepto central y recoge el proceso para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de cómo se abordan los impactos sobre los derechos humanos.
En un contexto en el que el cambio climático afecta de manera desproporcionada a los más marginados, amenazando la reducción de la pobreza, con un alto riesgo para las mujeres que son extra vulnerables al cambio climático, es necesario comprometerse con una transición justa. Una transición justa es una transición hacia un futuro que garantice la acción por el clima, el desarrollo sostenible y el trabajo decente para todos/as, tanto en su proceso como en sus resultados. Para ser sostenible y aplicarse democráticamente, la transición no sólo debe ser ecológica, sino también socialmente justa.
Referencias y herramientas:
SECTORES A SEGUIR:
Economía del cuidado y trabajadores/as domésticos/as: La economía de los cuidados | International Labour Organization - Trabajadores domésticos | International Labour Organization
Trabajadores/as de plataforma: Plataformas digitales de trabajo | International Labour Organization - (formas atípicas de empleo, con buena infografía, pero de 2017: Formas atípicas de empleo | International Labour Organization
Recursos naturales: Recursos Naturales y Transición Energética Justa - Business & Human Rights Resource Centre, incluido el "Sector minero".
Informal economy | International Labour Organization (en inglés)
América Latina y el Caribe: Tres décadas de transformaciones laborales, avances y desafíos persistentes | International Labour Organization
Responsabilidad Legal Empresarial - Business & Human Rights Resource Centre
Estrategias para contrarrestar las estrategias perjudiciales de las multinacionales: Home - Mind the Gap ngo - Mind the Gap (en inglés)
Resumen de la legislación vigente: BHR Law (en inglés)
Migrant workers in global supply chains - Business & Human Rights Resource Centre (en inglés)
WESO Greening with Jobs (en inglés)
Transición justa: Transición justa | International Labour Organization - de la PCTD: Webinaire: transition juste (multilingüe)
