El miércoles 25 de marzo, el primer ministro de la India Narendra Modi anunció la imposición de un toque de queda para los 1,3 mil millones de habitantes, en respuesta al rápido aumento del número de pacientes del COVID-19. Dos días antes, las contrapartes les partenaires indios de WSM se dirigieron al primer ministro con una carta abierta para llamarle la atención sobre las trabajadoras y los trabajadores más vulnerables de la economía informal. Este grupo constituye nada menos que el 92% de la población activa y no se beneficia de ningún ingreso de sustitución.
Después de la China, la India es el segundo país más poblado del mundo. Su población es la más expuesta a la propagación del coronavirus, por múltiples factores: higiene, escasez de las camas de hospitales (0,5 por mil habitantes, o sea en torno a 11 veces menos que en Bélgica), barrios marginales superpoblados, falta de protecciones medicales, escasez de las pruebas y reacción tardía de las autoridades.
Y se tomaron disposiciones a nivel regional. En su carta abierta, nuestras contrapartes acogen positivamente las iniciativas de los servicios sanitarios públicos y de las autoridades, pero deploran que las trabajadoras y los trabajadores del sector informal no sean protegidos por estas medidas: “Al no haber una protección social universal, las trabajadoras y los trabajadores del sector informal no tienen otra opción que seguir trabajando.”
Aquellos que viven, por ejemplo, del trabajo agrícola estacional han de estar en los campos para ganar su salario diario y alimentar a sus familias. Las ayudas domésticas, los obreros de la construcción y los trabajadores migrantes también tienen que poner en peligro su vida para mantener a sus familias. El duro trabajo que realizan diariamente se vuelve casi imposible en estos tiempos de corona.
En India, 8000 niños mueren de hambre cada día. Sin medidas eficaces y una protección social más sólida, los trabajadores pobres y vulnerables y sus familias quedan excluidos y el número de muertes de hambre aumentará posiblemente más que el número de fallecimientos por el COVID-19.
“Seguimos esperando que los dirigentes muestren comprensión y elaboren planteamientos proactivos teniendo en cuenta la gran mayoría de la población. En vez de liberar millones de rupias para las grandes empresas, solo hace falta algunos millones para ayudar a estas personas vulnerables a beneficiarse de servicios básicos. Es lamentable que el gobierno de la India no aumentó su fondo de prevención de las catástrofes y no anunció otro apoyo económico en respuesta a las necesidades urgentes.”
Algunos gobiernos regionales ya tomaron medidas, como el Uttar Pradesh, que anunció que cada familia pobre recibirá 15 000 rupias y que se distribuirá comida gratuita en las escuelas públicas de New Delhi. El número de necesitados asistidos por estas medidas queda sin embargo muy limitado.
“Pedimos que se tomen las medidas necesarias, incluso para los más frágiles de la sociedad. Exigimos que a corto plazo, se envíen al menos 20 000 rupias a cada habitante adulto de India en situación de vulnerabilidad.”
La carta abierta del 21 de marzo fue escrita por L.A. Samy de la organización AREDS, miembro del comité de pilotaje de la Red asiática para la Protección social (ANRSP), de parte de la red de contrapartes de la India: ANRSP, Christian Workers Movement, National Domestic Workers Movement India, Confederation of Free Trade Unions India, International Network for a Human Economy Asia, Tamil Nadu Land Rights Federation, Tamil Nadu Pondicherry, Society of Women in Acion for Total Empowerment, Water and Livelihood Rights Federation, Karur All Labour Union, y Tamil Nadu Conservancy workers Federation Chennai.
Foto de arriba © Prashanth-Pinha, Unsplash
